TENDENCIAS
Faltan mujeres en el gobierno
Noticias gratis en su sitio - RSS Faltan mujeres en el gobierno
En una democracia avanzada, los cargos públicos deben distribuirse con equidad entre ambos sexos.
ROBERTO GARGARELLA, Profesor de Teoría Constitucional (Universidad Di Tella, UBA)y BENTE NICOLAYSEN, Socióloga (Universidad de Oxford)
Ya desde antes de la asunción del nuevo gobierno fueron muchas las discusiones que alcanzaron dimensión pública: por qué se iban a designar tantos economistas en el nuevo gabinete; cómo se iban a repartir los cargos entre las dos principales fuerzas de la Alianza; cuántos técnicos y cuántos políticos iban a ser nombrados como ministros. Sin embargo, hubo al menos un tema crucial que ni siquiera apareció mencionado dentro de la agenda colectiva: cuántas mujeres serían incorporadas dentro de la nueva organización del gobierno.Notablemente, tampoco pareció haber una gran conmoción pública cuando se conoció que sólo habría una mujer ocupando cargos ministeriales, y que dicho cargo tendría que ver con un área, la de acción social, tradicionalmente vista como femenina -lo que, además, reafirmaba el prejuicio de que la mujer sólo se desempeña bien en tareas de cuidado o asistencia, tareas maternales.La decisión de conformar una estructura de gobierno casi homogéneamente masculina representa una injusticia que las democracias más avanzadas vienen tratando de remediar desde hace más de cincuenta años. En dichas comunidades se asume que el gobierno tiene la responsabilidad de aplicar una política igualitaria en la distribución de cargos entre mujeres y varones. Ello, ante todo, con el objeto de reflejar la tasa de representación de la mujer dentro de la población, así como su creciente lugar en el mercado de trabajo.Los datos estadísticos en tal sentido son inequívocos: de modo consistente, las democracias que han asegurado un nivel de vida más alto a sus habitantes cuentan con alrededor de un 30 por ciento de mujeres entre los miembros del gabinete nacional.Así, en 1999, el gobierno de Suecia aseguró nada menos que un 52,6 por ciento de sus cargos para las mujeres; Finlandia, un 44,4 por ciento; Dinamarca y Alemania, un 35 por ciento; Francia, un 35,4 por ciento; Holanda, un 31 por ciento. En estos países, tal vez no casualmente, el gobierno se preocupa por facilitar la participación política de la mujer mejorando el régimen de licencias por maternidad (licencias que favorecen a madres y padres) y proveyendo ayuda estatal para la guarda y el mejor cuidado de los niños.Por el contrario, en los países de la Comunidad Europea en donde tales políticas de asistencia estatal tienen mucho menos presencia, persisten índices relativamente bajos en lo que hace a la integración de la mujer en política. Así, en Grecia, el porcentaje de mujeres en el gobierno es del 7 por ciento; en Portugal, del 9,4; en España, 13,3, y en Irlanda, 15,6.En los Estados Unidos también existe una creciente política de incorporación de la mujer en cargos políticos de primera importancia. Entre 1997 y 1999, la diferencia existente entre el porcentaje de varones y mujeres nombrados por los gobernadores estatales para posiciones públicas de alto nivel decreció de manera considerable: de un 43,4 a un 40,4%. Así, hoy el porcentaje de mujeres nombradas a nivel estatal para cargos políticos relevantes es de un 29,8%. Cifras vergonzosasEn la Argentina, mientras tanto, el porcentaje de mujeres incorporadas en el gobierno es tan bajo como en los países europeos con peores índices en la materia. Quienes se preocupan por dar razones para explicar tales vergonzosas cifras (hay quienes ni siquiera se molestan por argumentar al respecto) suelen reaccionar afirmando que el gobierno debe elegir a sus colaboradores a partir de la capacidad y no del sexo. Pero esta respuesta suena muy poco razonable apenas se advierte, por ejemplo, que desde los años 80 hay muchas más mujeres que hombres en la Universidad, que ellas se gradúan con mejores promedios que los varones, y que enseñan y ejercen su profesión tan bien o mejor que ellos: si el presidente quisiera escoger abogadas y economistas altamente capacitadas, no tendría la mínima dificultad para hacerlo.Tampoco vale el argumento de que el presidente necesita funcionarios con cintura política, mientras que las mujeres, en general, se encuentran poco experimentadas en el ejercicio de funciones públicas de primer nivel. Este argumento no sólo ampara injustificadamente el actual estado de cosas, sino que además resulta inaplicable frente a un gobierno que, como marca más distintiva, ha preferido colocar técnicos antes que políticos en los ministerios.El nuevo gobierno está a tiempo para dejar en claro que considera a las mujeres como ciudadanas iguales -algo que la administración anterior no llegó a demostrar. Para ello, no bastan ni las buenas intenciones ni los premios consuelo; el gobierno debe abrir los cargos públicos a las mujeres de un modo igualitario, sensible a la composición del electorado.
ROBERTO GARGARELLA, Profesor de Teoría Constitucional (Universidad Di Tella, UBA)y BENTE NICOLAYSEN, Socióloga (Universidad de Oxford)
Ya desde antes de la asunción del nuevo gobierno fueron muchas las discusiones que alcanzaron dimensión pública: por qué se iban a designar tantos economistas en el nuevo gabinete; cómo se iban a repartir los cargos entre las dos principales fuerzas de la Alianza; cuántos técnicos y cuántos políticos iban a ser nombrados como ministros. Sin embargo, hubo al menos un tema crucial que ni siquiera apareció mencionado dentro de la agenda colectiva: cuántas mujeres serían incorporadas dentro de la nueva organización del gobierno.Notablemente, tampoco pareció haber una gran conmoción pública cuando se conoció que sólo habría una mujer ocupando cargos ministeriales, y que dicho cargo tendría que ver con un área, la de acción social, tradicionalmente vista como femenina -lo que, además, reafirmaba el prejuicio de que la mujer sólo se desempeña bien en tareas de cuidado o asistencia, tareas maternales.La decisión de conformar una estructura de gobierno casi homogéneamente masculina representa una injusticia que las democracias más avanzadas vienen tratando de remediar desde hace más de cincuenta años. En dichas comunidades se asume que el gobierno tiene la responsabilidad de aplicar una política igualitaria en la distribución de cargos entre mujeres y varones. Ello, ante todo, con el objeto de reflejar la tasa de representación de la mujer dentro de la población, así como su creciente lugar en el mercado de trabajo.Los datos estadísticos en tal sentido son inequívocos: de modo consistente, las democracias que han asegurado un nivel de vida más alto a sus habitantes cuentan con alrededor de un 30 por ciento de mujeres entre los miembros del gabinete nacional.Así, en 1999, el gobierno de Suecia aseguró nada menos que un 52,6 por ciento de sus cargos para las mujeres; Finlandia, un 44,4 por ciento; Dinamarca y Alemania, un 35 por ciento; Francia, un 35,4 por ciento; Holanda, un 31 por ciento. En estos países, tal vez no casualmente, el gobierno se preocupa por facilitar la participación política de la mujer mejorando el régimen de licencias por maternidad (licencias que favorecen a madres y padres) y proveyendo ayuda estatal para la guarda y el mejor cuidado de los niños.Por el contrario, en los países de la Comunidad Europea en donde tales políticas de asistencia estatal tienen mucho menos presencia, persisten índices relativamente bajos en lo que hace a la integración de la mujer en política. Así, en Grecia, el porcentaje de mujeres en el gobierno es del 7 por ciento; en Portugal, del 9,4; en España, 13,3, y en Irlanda, 15,6.En los Estados Unidos también existe una creciente política de incorporación de la mujer en cargos políticos de primera importancia. Entre 1997 y 1999, la diferencia existente entre el porcentaje de varones y mujeres nombrados por los gobernadores estatales para posiciones públicas de alto nivel decreció de manera considerable: de un 43,4 a un 40,4%. Así, hoy el porcentaje de mujeres nombradas a nivel estatal para cargos políticos relevantes es de un 29,8%. Cifras vergonzosasEn la Argentina, mientras tanto, el porcentaje de mujeres incorporadas en el gobierno es tan bajo como en los países europeos con peores índices en la materia. Quienes se preocupan por dar razones para explicar tales vergonzosas cifras (hay quienes ni siquiera se molestan por argumentar al respecto) suelen reaccionar afirmando que el gobierno debe elegir a sus colaboradores a partir de la capacidad y no del sexo. Pero esta respuesta suena muy poco razonable apenas se advierte, por ejemplo, que desde los años 80 hay muchas más mujeres que hombres en la Universidad, que ellas se gradúan con mejores promedios que los varones, y que enseñan y ejercen su profesión tan bien o mejor que ellos: si el presidente quisiera escoger abogadas y economistas altamente capacitadas, no tendría la mínima dificultad para hacerlo.Tampoco vale el argumento de que el presidente necesita funcionarios con cintura política, mientras que las mujeres, en general, se encuentran poco experimentadas en el ejercicio de funciones públicas de primer nivel. Este argumento no sólo ampara injustificadamente el actual estado de cosas, sino que además resulta inaplicable frente a un gobierno que, como marca más distintiva, ha preferido colocar técnicos antes que políticos en los ministerios.El nuevo gobierno está a tiempo para dejar en claro que considera a las mujeres como ciudadanas iguales -algo que la administración anterior no llegó a demostrar. Para ello, no bastan ni las buenas intenciones ni los premios consuelo; el gobierno debe abrir los cargos públicos a las mujeres de un modo igualitario, sensible a la composición del electorado.
| Clarín.com
